Expediente sancionador y multa a Prosegur por destinar pocos vigilantes de seguridad en el #Primark #Madrid

La Delegación de Gobierno de Madrid ha propuesto una sanción de 5.200 euros a la empresa Prosegur que se encarga de la seguridad en la firma de ropa Primark de la calle de la Gran Vía. La multa es producto de una inspección realizada por los agentes del departamento de inspección de la unidad central de Seguridad Privada del  Policía Nacional, dependiente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, siendo sus funciones principales
Las funciones que desempeña la Unidad Central  de seguridad privada #UCSP se ejecutan a través de la Brigada Central de Inspección e Investigación y la Brigada Central de Empresas y Personal, que la integran y consisten en:
  • Autorizaciones y habilitaciones:

    • Autorización, Inscripción y Registro de nuevas empresas de Seguridad
    • Autorización y registro de Centros de Formación para personal de seguridad, y acreditación de profesores.
    • Participación en tribunales y supervisión de las pruebas de selección de aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades
    • Preparación y realización de exámenes de Jefes y Directores de seguridad
    • Acreditación y registro de personal de seguridad en sus distintas especialidades, incluyendo Detectives Privados.
  • Seguimiento, control e inspección:

    • De los servicios o actuaciones realizadas por las empresas de seguridad habilitadas en sus distintas actividades.
    • Control e inspección de establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad.
    • Control e inspección de centros de formación para vigilantes de seguridad y sus especialidades.
    • Control e inspección de despachos de detectives
  • Detección de intrusismo:

    • Investigación y detección de empresas que prestan servicios de seguridad careciendo de autorización.
    • Investigación y detección de personal que presta servicios de seguridad careciendo de habilitación.
  • Captación de información relevante: :

    • Captación de información sobre hechos delictivos que afecten a la seguridad ciudadana.

  • Procedimientos sancionadores:

    • Propuesta de resolución de expedientes sancionadores por faltas graves y muy graves incoados en todo el territorio nacional.
    • Propuesta de resolución de Recursos de Reposición, Alzada y Revisión.
  • Estudios normativos:

    • Elaboración de informes para la interpretación y desarrollo de la normativa de seguridad privada.
Actividades derivadas de las funciones:
  • Con empresas, establecimientos y usuarios:

    • Convocatoria de reuniones periódicas por sectores.
    • Atención y asesoramiento directo a cada uno de los problemas, que planteen como prestatarios o usuarios, de servicios de seguridad privada.
    • Facilitar medios de comunicación y contacto para favorecer el desarrollo de su labor.
    • Elaboración de encuestas que permitan conocer la problemática del sector.
    • Seguimiento de la Sala de Coordinación Operativa de Seguridad Privada, centro de atención permanente al personal de seguridad privada.
    • Preparación de seminarios, a nivel nacional y europeo, que permitan conocer y comparar el funcionamiento de la seguridad privada y su normativa.
    • Preparación de los contenidos y convocatoria de la Comisión Mixta Central de Coordinación de Seguridad Privada.
    • Asistencia a reuniones convocadas por distintos organismos relacionados con el sector.


  • Con la Administración, Unidades Territoriales de Seguridad Privada y otras Unidades Policiales:

    • Convocatorias de reuniones periódicas con las Unidades Territoriales de Seguridad Privada, así como con otros órganos policiales relacionados con la actividad de seguridad privada.
    • Asistencia a reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
    • Elaboración de estadísticas sobre el funcionamiento de los grupos de seguridad privada.
    • Preparación de las posibles modificaciones de la normativa.
    • Participación en los tribunales de exámenes para vigilantes de seguridad y sus especialidades

La infracción y la correspondiente sanción de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada en vigor  se debe a que la compañía de seguridad privada Prosegur  presuntamente ha infringido el artículo 57.2 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada en vigor al comprobarse que en dicho centro comercial de Primark  en Madrid se prestaba un "servicio de seguridad en condiciones distintas a las expresadas en el contrato de seguridad privada comunicado previamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En concreto, se descubrió que trabajaban en la seguridad del edificio de la firma textil Primark un total de 11 agentes y no los 31 que reflejaba el contrato firmado entre la empresa de seguridad privada Prosegur y la multinacional textil Primark, según la compañía de seguridad. «Se trata de una equivocación administrativa, de un error al no poner 11 en el documento pero no por problemas de seguridad y esperamos que se retire la sanción cuando se compruebe lo que ha pasado en el correspondiente recurso», advierten desde la compañía de seguridad privada prosegur que presta sus servicios en la empresa PRIMARK.

Fuentes de Unidad Central de seguridad Privada del Cuerpo Nacional dePolicia señalaron que se realizaron diversas inspecciones a la compañía de seguridad Prosegur a lo largo del año al detectarse posibles fallos en el servicio de seguridad y numerosas denuncias por hurtos en el establecimiento de la empresa PRIMARK la calle de Gran Vía de Madrid. El pasado 21 de septiembre de 2016 se abrió expediente sancionador dictándose la propuesta de resolución el 3 de noviembre del pasado año. 
 Casi un mes después, el 9 de diciembre, se trasladó el expediente a la Delegación de Gobierno, que ha propuesto la multa de 5.200 euros que la compañía Prosegur ya ha recurrido.
Fuentes de la empresa de seguridad Prosegur indicaron que no se ha producido ningún problema en el ámbito de la seguridad  privada y que la colaboración con la Policía Nacional es constante y diaria. "Somos apoyo de la seguridad pública y los primeros en apoyar acciones en favor de la seguridad y en respaldar a la Fiscalía", añadieron desde la firma, que también asegura que son los propios vigilantes de seguridad de laempresa  Prosegur los que denuncian todas las incidencias que se producen en Primark para tratar de mejorar el servicio DE SEGURIDAD que prestan.

Medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos

  • Normativa básica reguladora
  • Servicios y sistemas de seguridad
  • Vigilantes de seguridad
  • Servicios y sistemas de seguridad

    Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes muebles u objetos valiosos que posean, u otra causa lo hiciesen necesario, el Secretario de Estado de Seguridad para supuestos supraprovinciales, o los Subdelegados del Gobierno, podrán exigir que la empresa o entidad adopte, conjunta o separadamente, los siguientes sistemas de seguridad:
  • Creación del departamento de seguridad.
  • Establecimiento del sistema de vigilantes de seguridad, con o sin armas, a cargo de personal integrado en empresas de seguridad.
  • Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.
  • Conexión de los sistemas de seguridad con centrales de alarmas, ajenas o propias, no pudiendo prestar servicios a terceros si las empresas o entidades no están habilitadas como empresas de seguridad.
En todo caso deberá existir Departamento de Seguridad en los siguientes casos:
  • En los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por 24 o más vigilantes de seguridad habilitados o guardas rurales, y cuya duración prevista supere un año.
  • Cuando así lo dispongan la Dirección General de la Policía o el Subdelegado del Gobierno, atendiendo el volumen de medios materiales y personales, el sistema de seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el grado de concentración de riesgo.
En este epígrafe encontrará información y la normativa básica que regula las distintas medidas de seguridad en entidades y establecimientos públicos, tales como vigilantes de seguridad, centrales de alarma, departamentos de seguridad y el mantenimiento de dichas medidas de seguridad.

Infracciones de las empresas de seguridad privada

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES GRAVES
  • Multas de 3.001 a 30.000 euros.
  • Suspensión temporal de la autorización o de la declaración responsable por un plazo de entre seis meses y un año.
  • Prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre seis meses y un año.
POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES LEVES
  • Apercibimiento.
  • Multas de 300 a 3.000 euros.
FRACCIONAMIENTO DEL PAGO
  • Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria, la autoridad que la impuso podrá acordar, previa solicitud fundada del interesado, el fraccionamiento del pago, dentro del plazo de treinta días previsto legalmente.
  • Si se acordara el fraccionamiento del pago, éste se efectuará mediante el abono de la sanción en dos plazos, por un importe de un 50 por ciento de la misma en cada uno de ellos.
PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES
  • Las sanciones impuestas por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán, respectivamente, al año, a los dos años y a los cuatro años.
  • El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.
  •  

CLASIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN
Las infracciones de las normas contenidas en la ley podrán ser leves, graves y muy graves.
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.
El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquellos contra quienes se dirija.
MUY GRAVES
a) La prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización o, en su caso, sin haber presentado la declaración responsable para la prestación de los servicios de que se trate.
b) La contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente.
c) La realización de actividades prohibidas en la ley, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos o laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad o investigación hubieran sido encargados, o cualquier otra forma de quebrantamiento del deber de reserva, cuando no sean constitutivas de delito y salvo que sean constitutivas de infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
d) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados cuando la homologación sea preceptiva y sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.
e) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los contratos de seguridad privada, en los libros-registro o el acceso a los informes de investigación privada.
f) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por la ley, o la contratación de instructores de tiro que carezcan de la oportuna habilitación.
g) La prestación de servicios de seguridad privada con armas de fuego fuera de lo dispuesto en la ley.
h) La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
i) El incumplimiento de la obligación que impone a los representantes legales el artículo 22.3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
j) La ausencia de las medidas de seguridad obligatorias, por parte de las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones y sucursales.
k) El incumplimiento de las condiciones de prestación de servicios establecidos por la autoridad competente en relación con el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente.
l) El incumplimiento de los requisitos que impone a las empresas de seguridad el artículo 19.1, 2 y 3, y el artículo 35.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
m) El incumplimiento de los requisitos que impone a los despachos de detectives el artículo 24.1 y 2 de la Ley de Seguridad Privada.
n) La falta de transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las alarmas reales que se registren en las centrales receptoras de alarmas privadas, incluidas las de uso propio, así como el retraso en la transmisión de las mismas, cuando estas conductas no estén justificadas.
ñ) La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2 de la Ley de Seguridad Privada, empleando personal no habilitado que utilice armas o medios de defensa reservados al personal de seguridad privada.
o) La realización de investigaciones privadas a favor de solicitantes en los que no concurra un interés legítimo en el asunto.
p) La prestación de servicios de seguridad privada sin formalizar los correspondientes contratos.
q) El empleo o utilización, en servicios de seguridad privada, de medidas o de medios personales, materiales o técnicos de forma que se atente contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones, siempre que no constituyan delito.
r) La falta de comunicación por parte de empresas de seguridad informática de las incidencias relativas al sistema de cuya protección sean responsables cuando sea preceptivo.
s) La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.
t) La prestación de actividades ajenas a las de seguridad privada, excepto las compatibles previstas en el artículo 6 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
GRAVES
a) La instalación o utilización de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva.
b) La prestación de servicios de seguridad privada con vehículos, uniformes, distintivos, armas o medios de defensa que no reúnan las características reglamentarias.
c) La prestación de servicios de seguridad privada careciendo de los requisitos específicos de autorización o presentación de declaración responsable para la realización de dicho tipo de servicios. Esta infracción también será aplicable cuando tales servicios se lleven a cabo fuera del lugar o del ámbito territorial para el que estén autorizados o se haya presentado la declaración responsable, o careciendo de la autorización previa o de dicha declaración cuando éstas sean preceptivas, o cuando se realicen en condiciones distintas a las expresamente previstas en la autorización del servicio.
d) La retención de la documentación profesional del personal de seguridad privada, o de la acreditación del personal acreditado.
e) La prestación de servicios de seguridad privada sin comunicar correctamente los correspondientes contratos al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, o en los casos en que la comunicación se haya producido con posterioridad al inicio del servicio.
f) La prestación de servicios de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato.
g) La falta de sustitución ante el abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
h) La utilización, en el desempeño de funciones de seguridad privada, de personal de seguridad privada, con una antigüedad mínima de un año en la empresa, que no haya realizado los correspondientes cursos de actualización o especialización, no los haya superado, o no los haya realizado con la periodicidad que reglamentariamente se determine.
i) La falta de presentación al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente del certificado acreditativo de la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil, aval o seguro de caución que se determine reglamentariamente, así como la no presentación del informe de actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, o la no presentación de la memoria anual de actividades del año precedente.
j) La comunicación de una o más falsas alarmas por negligencia, deficiente funcionamiento o falta de verificación previa.
k) La apertura de delegaciones o sucursales sin obtener la autorización necesaria o sin haber presentado la declaración responsable ante el órgano competente, cuando sea preceptivo.
l) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, de las altas y bajas del personal de seguridad privada, así como de los cambios que se produzcan en sus representantes legales y toda variación en la composición personal de los órganos de administración, gestión, representación y dirección.
m) La prestación de servicio por parte del personal de seguridad privada sin la debida uniformidad o sin los medios que reglamentariamente sean exigibles.
n) La no realización de las revisiones anuales obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
ñ) La carencia o falta de cumplimentación de cualquiera de los libros-registro obligatorios.
o) La falta de comunicación al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente de todo cambio relativo a su personalidad o forma jurídica, denominación, número de identificación fiscal o domicilio.
p) La falta de mantenimiento, en todo momento, de los requisitos establecidos para los representantes legales en el artículo 22.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
q) El deficiente funcionamiento, por parte de las empresas de seguridad privada y despachos de detectives, en sus sedes, delegaciones o sucursales, de las medidas de seguridad obligatorias, así como el incumplimiento de las revisiones obligatorias de las mismas.
r) La prestación de servicios compatibles contemplados en el artículo 6.2 de la Ley de Seguridad Privada, empleando personal no habilitado que utilice distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada.
s) El incumplimiento de los requisitos impuestos a las empresas de seguridad informática.
t) La prestación de servicios incumpliendo lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley de Seguridad Privada.
u) La actuación de vigilantes de seguridad en el exterior de las instalaciones, inmuebles o propiedades de cuya vigilancia o protección estuvieran encargadas las empresas de seguridad privada con motivo de la prestación de servicios de tal naturaleza, fuera de los supuestos legalmente previstos.
v) No depositar la documentación profesional sobre contratos, informes de investigación y libros-registros en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente, en caso de cierre del despacho de detectives privados.
w) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.
x) La publicidad de servicios de seguridad privada por parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente autorización o sin haber presentado declaración responsable.
y) La prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos.
LEVES
a) El incumplimiento de la periodicidad de las revisiones obligatorias de los sistemas o medidas de seguridad cuyo mantenimiento tuvieren contratado.
b) La utilización en los servicios de seguridad privada de vehículos, uniformes o distintivos con apariencia o semejanza a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
c) La falta de diligencia en la cumplimentación de los libros-registro obligatorios.
d) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Infracciones y sanciones para las empresas de seguridad, el personal de seguridad habilitado y los usuarios de seguridad privada por incumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada .

Infracciones

El personal que desempeñe funciones de seguridad privada, así como los ingenieros, técnicos, operadores de seguridad y profesores acreditados, podrán incurrir en las siguientes infracciones:

MUY GRAVES
  1. El ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros careciendo de la habilitación o acreditación necesaria.
  2. El incumplimiento de las previsiones contenidas en la ley sobre tenencia de armas de fuego fuera del servicio y sobre su utilización.
  3. La falta de reserva debida sobre los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones o la utilización de medios materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones cuando no constituyan delito.
  4. La negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
  5. La negativa a identificarse profesionalmente, en el ejercicio de sus respectivas funciones, ante la Autoridad o sus agentes, cuando fueren requeridos para ello.
  6. La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives privados en el ejercicio de sus funciones.
  7. La realización de actividades prohibidas en el artículo 8.4 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, sobre reuniones o manifestaciones, conflictos políticos y laborales, control de opiniones o su expresión, o la información a terceras personas sobre bienes de cuya seguridad estén encargados, en el caso de que no sean constitutivas de delito; salvo que sean constitutivas infracción a la normativa sobre protección de datos de carácter personal.
  8. El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
  9. La realización, orden o tolerancia, en el ejercicio de su actuación profesional, de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, incluido el acoso, que entrañen violencia física o moral, cuando no constituyan delito.
  10. El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte del personal de seguridad privada, dentro de la jornada laboral establecida.
  11. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, sin disponer de la acreditación correspondiente expedida por el Ministerio del Interior.
  12. La no realización del informe de investigación que preceptivamente deben elaborar los detectives privados o su no entrega al contratante del servicio, o la elaboración de informes paralelos.
  13. El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte del personal a que se refiere el artículo 28.3 y 4 de la Ley de Seguridad Privada.
  14. La comisión de una tercera infracción grave o de una grave y otra muy grave en el período de dos años, habiendo sido sancionado por las anteriores.
GRAVES
  1. La realización de funciones de seguridad privada que excedan de la habilitación obtenida.
  2. El ejercicio de funciones de seguridad privada por personal habilitado, no integrado en empresas de seguridad privada, o en la plantilla de la empresa, cuando resulte preceptivo o al margen de los despachos de detectives.
  3. La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
  4. El ejercicio del derecho a la huelga al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente.
  5. La no identificación profesional, en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando fueren requeridos para ello por los ciudadanos.
  6. La retención de la documentación personal en contra de lo previsto en el artículo 32.1.b) de la Ley de Seguridad Privada.
  7. La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado.
  8. La identificación profesional haciendo uso de documentos o distintivos diferentes a los dispuestos legalmente para ello o acompañando éstos con emblemas o distintivos de apariencia semejante a los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las Fuerzas Armadas.
  9. La negativa a realizar los cursos de formación permanente a los que vienen obligados.
  10. La elaboración de proyectos o ejecución de instalaciones o mantenimientos de sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia, no ajustados a las normas técnicas reglamentariamente establecidas.
  11. La omisión, total o parcial, de los datos que obligatoriamente debe contener el informe de investigación que deben elaborar los detectives privados.
  12. El ejercicio de funciones de seguridad privada incompatibles entre sí, por parte de personal habilitado para ellas.
  13. La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos años, habiendo recaído sanción por las anteriores.
  14. La validación provisional de sistemas o medidas de seguridad que no se adecuen a la normativa de seguridad privada.
LEVES
  1. La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, o sin portar los distintivos o la documentación profesional, así como la correspondiente al arma de fuego utilizada en la prestación del servicio encomendado.
  2. El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
  3. La no cumplimentación, total o parcial, por parte de los técnicos acreditados, del documento justificativo de las revisiones obligatorias de los sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas, centros de control o de videovigilancia.
  4. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la ley, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

Sanciones

POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES MUY GRAVES:
  • Multas de 6.001 a 30.000 euros.
  • Extinción de la habilitación, que comportará la prohibición de volver a obtenerla por un plazo de entre uno y dos años, y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional.
POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES GRAVES
  • Multas de1.001 a 6.000 euros.
  • Suspensión temporal de la habilitación por un plazo de entre seis meses y un año.
POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES LEVES
  • Apercibimiento.
  • Multas de 300 a 1.000 euros.

 

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