Siseguridad :Artículo 36, 38 y 41. de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Servicios de vigilancia y protección.


Esta pendiente la publicación del Reglamento de la Ley de seguridad privada este año, según afirmo el año pasado hace tres meses el nuevo Ministro de Interior, tambien el Comisario Jefe D. ESTEBAN GÁNDARA, COMISARIO JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA DEL CNP con ello la aplicación de las reformas que afectan al sector de la seguridad privada, principalmente reflejadas en la profunda reforma del Código Penal y en la aprobación de la  Ley 5/2014 de Seguridad Privada han intentado atajar un problema habitual en las labores de vigilancia y seguridad privada: las habituales agresiones que los vigilantes de seguridad habilitados por el Ministerio de Interior sufren en el desempeño de sus funciones de seguridad y vigilancia.... ¿En qué consiste el nuevo marco legal y qué efectos puede producir?
Estas agresiones en parte obedecían principalmente a que estos trabajadores vigilantes de seguridad habilitados no tenían consideración de agentes de la autoridad, por lo que  estos actos se enjuiciaban como simples lesiones.
Como breve apunte histórico, la antigua Ley de Seguridad Privada aprobada en 1992 eliminó la catalogación como agentes de la autoridad de los vigilantes de seguridad, después de casi un siglo y medio con esa consideración (para ahondar en los orígenes jurídicos de esa figura, es imprescindible la tesis doctoral que publicó en 2006 el letrado Pedro Pacheco Martín y que está disponible aquí). El motivo principal fue, en otros, que el acceso a la profesión se configuró de forma autónoma a la de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de donde provenían anteriormente la mayoría de los vigilantes jurados y cuyos trámites relativos al uso del arma de fuego y directrices de servicio no variaban con el pase al sector privado.
La aplicación práctica de de esta ley, no obstante ha demostrado que en muchas ocasiones los vigilantes de seguridad habilitados no estaban amparados debidamente en el ejercicio de su profesión en la que, recordemos, tenían el mandato legal de auxilar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia estuvieren encargados.” (Artículo 1). Parece a simple vista una discordancia que, en el ejercicio de sus funciones, se trate como simples ciudadanos sin atribuciones a estos trabajadores vigilantes de seguridad habilitados por el MInsiterio de Interior a los que, por otra parte, se exige una especial dedicación respecto a las funciones de vigilancia y seguridad privada que tienen encomendadas, a las que no viene obligado ningún otro particular.
 Con la regulación actual, la nueva Ley 5/2014 de Seguridad Privada aprobada en 2014 intenta atajar esta situación al introducir:
Artículo 31 de la Ley de seguridad privada. Protección jurídica de agente de la autoridad.
Se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La reforma del Código Penal, por su parte, recoge en el artículo 554.3 el delito de atentado hacia los vigilantes de seguridad, especificando
También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes acometan, empleen violencia o intimiden gravemente:
b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El artículo 556, por su parte, hace lo mismo respecto a la desobediencia.
Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En ambos casos, el requisito para que se consuma el delito es que la actividad del vigilante de seguridad habilitado se desarrolle en cooperación y bajo el mando de las FCS. La pregunta obvia es ¿cuándo sucede ésto? Si hablamos de los principios generales de cooperación y dirección de los cuerpos policiales que rigen al personal de seguridad privada, estos se aplican siempre, en virtud del artículo 8  de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada EN VIGOR :
De conformidad con lo dispuesto en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad, las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar, en todo momento, con aquéllas en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones, en relación con los servicios que presten que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias.
La aplicación práctica de estos nuevos preceptos, no obstante, resolverá si los jueces decidirán interpretar la normativa al pie de la letra, observando los delitos de atentado o desobediencia siempre y en todas las actuaciones del personal de seguridad privada, o solamente en aquellas donde haya una especial y estrecha colaboración con las FCS.
La literalidad de la ley parece que no da lugar a dudas, sin embargo en la jurisprudencia que aborda esta temática se observa la resistencia de los tribunales a dar por buena esta interpretación extensiva. Como ejemplo, es muy interesante la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 10ª) de 18 de mayo de 2015, en la que se resuelve un recurso contra una condena por una falta de respeto y consideración a los agentes de la autoridad (artículo 634 del Código Penal, y destipificado con la última regulación) respecto a un vigilante de ferrocarriles. Pese a existir normativa que especificamente otorga al personal de los servicios ferroviarios la condición de agentes de la autoridad (artículo 38.3 de la Ley Ferroviaria), la Sentencia realiza una carambola jurídica que acaba afirmando que la única acepción observable respecto a los agentes de la autoridad es lo dispuesto en la normativa estatal (la Ley Orgánica 2/1986), para acabar absolviendo al condenado en esa instancia.
 Duente Blog de Alex de Roa


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Posted by Consultoria de Seguridad y Autoprotección Integral on Domingo, 27 de septiembre de 2015


TÍTULO IV
Servicios y medidas de seguridad
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 36. Directores de seguridad.
1. En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
b) La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
c) La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
e) La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
f) La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
h) La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.
i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuandose acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.
Lo dispuesto en este apartado es igualmente aplicable a las empresas de seguridad privada.
3. En las empresas de seguridad el director de seguridad podrá compatibilizar sus funciones con las de jefe de seguridad.
4. Cuando una empresa de seguridad preste servicio a un usuario que cuente con su propio director de seguridad, las funciones encomendadas a los jefes de seguridad en el artículo 35.1.a), b), c), y e) serán asumidas por dicho director de seguridad.
5. El ejercicio de funciones podrá delegarse por los directores de seguridad en los términos que reglamentariamente se disponga.

Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.
1. Los servicios de seguridad privada se prestarán de conformidad con lo dispuesto en esta ley, en particular en sus artículos 8 y 30, y en sus normas de desarrollo, con arreglo a las estipulaciones del contrato, así como, en su caso, con la autorización concedida o declaración responsable presentada.
2. Los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada.
3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la subcontratación de servicios de seguridad privada.
4. Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados y jefes de seguridad desempeñarán sus funciones profesionales integrados en las empresas de seguridad que les tengan contratados.5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.
6. Los guardas rurales podrán desarrollar sus funciones sin necesidad de constituir o estar integrados en empresas de seguridad, prestando sus servicios directamente a los titulares de bienes y derechos que les puedan contratar, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, cuando se trate de servicios de vigilancia y protección de explotaciones agrícolas, fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético, y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.
7. Los detectives privados ejercerán sus funciones profesionales a través de los despachos de detectives para los que presten sus servicios.



Artículo 41. Servicios de vigilancia y protección.
1. Los servicios de vigilancia y protección referidos a las actividades contempladas en el artículo 5.1.a) se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, que desempeñarán sus funciones, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No obstante, podrán prestarse fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, en los siguientes supuestos:
a) La vigilancia y protección sobre acciones de manipulación o utilización de bienes, maquinaria o equipos valiosos que hayan de tener lugar en las vías o espacios públicos o de uso común.
b) La retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos, así como la prestación de servicios de vigilancia y protección de los mismos durante las citadas operaciones, o en las de reparación de averías.
c) Los desplazamientos al exterior de los inmuebles objeto de protección para la realización de actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.
d) La vigilancia y protección de los medios de transporte y de sus infraestructuras.
e) Los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección.
f) La persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito, en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección.
g) Las situaciones en que ello viniera exigido por razones humanitarias.
h) Los servicios de vigilancia y protección a los que se refieren los apartados siguientes.
2. Requerirán autorización previa por parte del órgano competente los siguientes servicios de vigilancia y protección, que se prestarán en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de acuerdo con sus instrucciones:
a) La vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, incluidas sus vías o espacios de uso común.
b) La vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados.c) La vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común, en coordinación, en todo caso, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) La vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y requisitos para la prestación de estos servicios.
3. Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección:
a) La vigilancia perimetral de centros penitenciarios.
b) La vigilancia perimetral de centros de internamiento de extranjeros.
c) La vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.
d) La participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. La prestación de estos servicios también podrá realizarse por guardas rurales.

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