Chipiona es el municipio donde se ha registrado un mayor número de denuncias por casos de #intrusismo en seguridad privada..Aumentan las sanciones a los denominados vulgarmente “AUXILIARES DE SERVICIOS”

Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
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Aumentan las sanciones a los vulgarmente conocidos como “AUXILIARES” por intrusismo al realizar funciones sw vigilancia y seguridad privada que son de los vigilantes de seguridad habilitados.

Las denuncias y sanciones ESTAN AUMENTANDO EN ESPAÑA  por la contratación de personal no habilitado denominados vulgarmente "AUXILIARES DE SERVICIOS" como vigilantes de seguridad privada, se han multiplicado este año exponencialmente. Desde los 3.001 euros al empleado, esta multa es triple y va dirigida a la empresa, hasta 600.000€ (30.051 Euros en Septiembre a una “empresa” en Jaén),  y a la comunidad de propietarios que la contrata, llegando a pedir hasta seiscientos mil euros.

La mayoría de los Auxiliares de servicios que están trabajando en la actualidad rebasando los límites de la legalidad, las empresas de servicios no les informan de su situación y que multan tambien al empleado también, algunos a los que hemos informado nos contestaban que ellos hacían lo que les mandaba la empresa,  el desconocimiento de la ley no exime de culpa delegando la responsabilidad en la misma…gran error:  Si una empresa te contrata para que ejerzas de Abogado o de Médico en una clínica, donde no te va a ver nadie…. pero tu ponte la batita blanca… la multa es de 3.000 o más euros dependiendo de la gravedad de la situación en la que te encuentres….se llama INTRUSISMO.Pues esto es lo mismo, los vigilantes de seguridad habilitados son las unicas personas que pueden realizar funciones de seguridad y vigilancia atendiendo a la Ley 5/2014 de seguridad privada, y a lo largo del año tienen cursos de reciclaje obligatorios con lo que su formación es continua, además de tener un CONVENIO con unos derechos.


En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.

Los problemas aparecen por la vía DE LA FALTA DE FORMACIÓN, de información y del desconocimiento de la Ley 5/2014 de segurida privada. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones que realiza son la de vigilancia y seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia y seguridad resultan competencia exclusiva  de los vigilantes de seguridad habilitados que trabajan en una empresa de seguridad homologada por el Ministerio de Interior. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. 


Chipiona es el municipio donde se ha registrado un mayor número de denuncias por casos de intrusismo en seguridad privada, de la docena que se ha detectado a nivel provincial, según ha informado la Policía Nacional. Junto con Chipiona se encuentran con un caso por cada localidad: Jerez, Algeciras, Rota, El Puerto, Los Barrios, Castellar, Tarifa y la capital gaditana. De esta forma, Chipiona contabiliza un tercio de los casos ocurridos en la provincia de Cádiz.
Las intervenciones han sido realizadas a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia para velar por el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la cual reserva en exclusiva a empresas autorizadas por el Ministerio del Interior la contratación y al personal habilitado la prestación de los servicios de vigilancia y protección respectivamente.
La mayoría de los casos detectados se producen en el ámbito de la construcción, donde las empresas buscan protegerse, mediante la contratación de personal «low cost», ante robos de materiales de construcción u ocupaciones de fincas listas para la entrega a sus legítimos propietarios. Los casos de intrusismo no se circunscriben a este tipo de actividad, sino que también se dan en la vigilancia de comunidades de vecinos, explotaciones agrícolas e industriales, puertos deportivos y en garajes comunitarios, donde en la mayor parte de los casos se intenta camuflar la prestación de un servicio efectivo de vigilancia y protección de bienes y personas simulando actividades de mantenimiento o de conserjería inexistentes.
De esta manera se pretende ahorrar el coste adicional que supone la contratación de una empresa de seguridad para que ésta le aporte el personal habilitado que necesita, el cual además cuenta con la formación necesaria, ha pasado un riguroso proceso selectivo para su habilitación por el Ministerio del Interior, y está sometido al control de la Dirección General de la Policía en el caso de los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, detectives y escoltas privados, o al de la Dirección General de la Guardia Civil en el de los guardas rurales de campo y los guardapescas marítimos.
La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 Euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros.
Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.
En tres de los casos los trabajadores no habilitados contaban con un amplio historial delictivo, principalmente por delitos contra el patrimonio y contra la integridad física de las personas, y en otra de las ocasiones por tráfico de drogas.
 


Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes de la Unidad Central de seguridad  Privada del Cuerpo Nacional de la policia.
“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Unidad de la Policía Nacional.
La ley 5/2014 de seguridad privada  potencia la figura del vigilante de seguridad habilitado  y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante de seguridad privada habilitado  puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad privada, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas, al dia sus antecedentes penales.
Esta normativa permite que los vigilantes de seguridad habilitados privados actúen en más espacios y aumenten sus oportunidades de reaizar funciones de seguridad privada. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.

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